Con ocasión de las
próximas elecciones, los Obispos del Ecuador nos dirigimos a todos los católicos
ecuatorianos, hombres y mujeres, y a las personas de buena voluntad.
Como pastores tenemos el
derecho y deber de iluminar las realidades sociales, políticas y económicas
desde el Evangelio y la Doctrina social de la Iglesia, proclamando los valores
del Reino de Dios: la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz (cf.
Concilio Vaticano II, Constitución pastoral
Gaudium et spes 1).
1.
Autonomía de la
política y responsabilidad de la Iglesia
En el campo de la política,
constatamos ciertas apreciaciones inexactas. Para algunos, los Obispos deberíamos
apoyar acríticamente a todo Gobierno; para otros, mantener una ciega oposición;
y, para unos cuantos, abstenernos totalmente de cualquier intervención. Las
tres son visiones parciales e inexactas.
Como pastores de la Iglesia Católica,
reconocemos y respetamos la legítima autonomía del orden político. No nos
corresponde expresar preferencias políticas, pero sí valorar programas
políticos por sus implicaciones y consecuencias éticas y religiosas. En efecto,
“es de justicia que pueda la Iglesia en
todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar
su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar
su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo
exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas,
utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al
bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones” (Concilio
Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium
et spes 76).
Libertad
religiosa.
El Ecuador, Estado laico, en su Constitución, en el Art. 66, 8, reconoce y
protege “el derecho a practicar,
conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus
creencias, y a difundirlas individual y colectivamente, con las restricciones
que impone el respeto a los derechos”. Esto nos permite vivir, de una
manera pacífica y respetuosa, entre personas creyentes y no creyentes, evitando
todo fanatismo, tanto religioso como antirreligioso.
Colaboración
de la Iglesia. Tanto la comunidad política como la Iglesia, sin perder su
autonomía, están al servicio del bien común y de la vocación personal y social
de cada hombre y mujer. Por este motivo, es conveniente una colaboración entre ambas
en temas sociales comunes, como la educación, la salud, la asistencia a
personas vulnerables, el cuidado del medio ambiente y otros (cf. Concilio
Vaticano II, Constitución pastoral
Gaudium et spes 40 y Documento de
Aparecida 406).
2.
Misión de los
Laicos
Los cristianos no seríamos
fieles al Evangelio si nos desentendiéramos del mundo donde vivimos. La fe,
precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad
social de lo que se cree. La fe en Cristo, de este modo, no es un hecho
privado, sino que “implica un testimonio y
un compromiso público” (Carta Apostólica
Porta fidei, 10).
Accionar
político.
Los laicos católicos, pertenecientes o no a partidos y movimientos políticos
diversos, tienen la obligación moral de discernir si el pensamiento que los
inspira y sus propuestas son compatibles con la fe y la moral de la vida
cristiana. Por esta razón, han de valorar si sus propuestas son coherentes o no
con los principios morales arraigados en la misma naturaleza humana y presentes
en todas sus dimensiones personales y sociales.
El cristiano, por lo
tanto, no debe adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos
que se opongan a la fe que profesa. Es importante recordar que ningún sistema
social o político agota la riqueza del Evangelio y que, por lo mismo, nadie puede
reclamar su opción política como la única conforme a la enseñanza social de la
Iglesia.
Derechos
humanos.
Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona en todas sus
dimensiones, con lo cual esta dignidad se constituye en el fin último de toda
acción social, política, económica y religiosa. El Estado es posterior a la
persona y no le corresponde conceder derechos, sino reconocer, promover y
garantizar el ejercicio personal y asociado de los derechos civiles.
La Doctrina Social de la
Iglesia, desde esta perspectiva, está comprometida con el respeto a los
derechos de la persona humana, comenzando por el fundamental derecho a la vida
desde su concepción hasta su fin natural, rechazando frontalmente el aborto.
Es decisiva la vigencia
real de los derechos de los padres de familia para educar a sus hijos conforme
a sus convicciones, como reconoce la Constitución, dentro de un régimen de auténtica
igualdad de oportunidades (cf. Art. 29).
Democracia. En una sociedad
democrática, es el pueblo el que delega el poder a sus gobernantes para que
sirva a sus necesidades, y de ningún modo para ser atemorizado o sustituido por
sus órganos de poder. No se trata de un pueblo como una multitud amorfa a la
que se manipula o instrumentaliza, sino como un conjunto de personas que tienen
su propia visión sobre la “cosa pública” y que están dispuestas a defender sus
derechos y a cumplir sus deberes.
La democracia exige un
marco jurídico, la estricta división e independencia de las tres funciones del
poder, a saber, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial.
Son funciones que deben ser ejercidas con su propia autonomía y respeto mutuo,
en la búsqueda del bien común del país y no de intereses personalistas,
institucionales o partidistas. También exige la posibilidad real para que la
libertad de todos sea efectivamente respetada y garantizada, como la libertad
de expresión al servicio de una opinión pública, crítica, activa y responsable,
con una inquebrantable pasión por la verdad.
Elecciones. La
confrontación democrática en una lid electoral exige sumo respeto a todas las
personas, centrándose más en el debate de proyectos que en descalificaciones
personales. No se trata de entrar en una lucha ciega y cerrada de unos contra
otros, sino de presentar a los ciudadanos las opciones políticas y los
programas de gobierno para que ellos puedan elegir libremente (cf. Concilio
Vaticano II, Constitución pastoral
Gaudium et spes 75).
El ejercicio del voto es
un medio importante para asegurar la auténtica democracia. El ciudadano, al ejercer
este derecho y deber, está llamado a no favorecer opciones políticas y
legislativas contrarias a los valores fundamentales y a los principios éticos.
No olvidemos que el voto debe ser responsable, universal, directo y
obligatorio. Nos alegramos de la participación de nuestros jóvenes.
3.
Compromiso
Asumimos el Mensaje
final del XIII Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización que pide: “un compromiso de cuidado desinteresado y
transparente por el bien común, desde el respeto total a la dignidad de la
persona humana desde su concepción hasta su fin natural, de la familia fundada
sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, de la libertad educativa, en la
promoción de la libertad religiosa, en la eliminación de las injusticias, las
desigualdades, las discriminaciones, la violencia, el racismo, el hambre y la
guerra. A los políticos cristianos que viven el precepto de la caridad se les
pide un testimonio claro y transparente en el ejercicio de sus responsabilidades”
(nº 10).
Que el Señor nos ilumine
para actuar en conciencia, y conforme a las exigencias del amor: vida,
solidaridad, justicia, paz y libertad.
Quito, 3 de enero de
2012
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